Desde hace algunos años, se ha vuelto evidente el tránsito de una Universidad medianamente pública hacia una institución de educación media y superior que funciona con lógicas excluyentes, elitistas y bajo principios mercantiles. Los aranceles suben sin que se informe, delibere y consulte su necesidad y pertinencia, se privilegian certificados de procesos administrativos sobre la relevancia de la producción de conocimiento, se crean planes de estudio y se impulsan enfoques educativos para responder a las necesidades del mundo mercantil y no las de la sociedad colimense.
Algunas voces denuncian una privatización de la Universidad de Colima haciendo énfasis en lo que consideran, cuotas demasiado elevadas para ser propias de una universidad pública. Esto es cierto pero en relación al nivel de bienestar y capacidad económica de la población, pues bien podrían argumentar que 2 mil pesos al semestre es insignificante frente a una suma de hasta 700 mil pesos en una universidad privada.
Pero 2 mil pesos al semestre para una población donde el 35% está en situación de pobreza y el 38% de los trabajadores gana dos o menos salarios mínimos suena a algo de difícil acceso, sobre todo porque a esa cantidad se suman costos familiares corrientes, más los que genera un periodo de estudio, como transporte, libros, fotocopias, alimentación fuera de casa, y eventos que integran a los estudiantes a la comunidad.
También es cierto que hay muchas familias que pueden pagar holgadamente todos estos gastos y más, ¿compensan de alguna manera el beneficio que gozan de una política educativa de estado?
En este escenario suena ostentoso y ofensivo ver un sueldo de más de 2 mil salarios mínimos mensuales para el rector de la máxima casa de estudios. La ciudadanía tiene razones para indignarse.
Pero detrás de las cuotas y salarios hay un entramado de poca transparencia y democracia, pues de ser ciertas las cifras expuestas por el líder del SUTUC en su fase combativa, la UdeC gasta más de 900 mil pesos mensuales en el salario del rector y las pensiones de algunos ex rectores y funcionarios privilegiados (http://bit.ly/UUt5hS). En promedio, 200 pesos de cada cuota semestral se van al pago de estas compensaciones.
Las cifras que expusieron los sindicalistas parecen legítimas por las fotocopias de los cheques, pero esta información no puede ser corroborada en transparencia de la Ucol pues está catalogada como información privada.
Los informes de gastos que pueden consultarse en internet son muy generales, no se puede saber a detalle cómo se gasta en eventos especiales, en vehículos, gasolinas, mobiliario y muchos otros rubros de egreso que podrían indicarnos cuáles son las prioridades financieras de la administración universitaria.
Con las facultades y bachilleratos pasa lo mismo, los estudiantes no tienen clara la forma en la que se maneja el dinero, incluso de lo que en teoría es un fondo estudiantil, que casi siempre es manejado al arbitrio de la dirección y algunos estudiantes.
La FEC es caso especial, pues pareciera que esta organización está fuera del alcance de las leyes y reglamentos de transparencia, y por lo que observamos, no son pocos los recursos que maneja, desde el mantenimiento del edificio que se remodela casi cada nuevo periodo, hasta sueldos (o becas), vehículos o eventos.
En una ocasión un profesor nos contaba cómo el viajó a la Ciudad de México para realizar una estancia académica de dos semanas, lo hizo en camión y se alojó en un hotel de dos o tres estrellas, mientras, el director de la Facultad viajó por 2 días, en avión, con hotel de 5 estrellas en el centro y facturando comidas y pasajes a la institución.
Si traspolamos esta situación a los altos mandos ¿A parte de los 158 mil pesos mensuales, le estaremos pagando al rector sus viajes por el mundo con fines de representación institucional?
Las últimas administraciones de la Ucol han llevado a la institución a reproducir la corrupción y desigualdad de nuestra sociedad, y a funcionar con principios de exclusión, esto junto a un cierre autoritario del grupo de poder que controla los mecanismos de gobierno universtiario.
Es de alguna manera comprensible que el miedo pueda más que la indignación y las sospechas en muchos estudiantes y trabajadores, y las pocas voces críticas que se han ido expresando en los últimos años terminan absorbidas en otras tareas políticas, caen en la desilusión, o quedan por alguna razón, fuera de la comunidad universitaria, y entonces pierden capacidad de incidencia.
Si bien es cierto que hace falta una expresión constante y sólida para exigir democracia y transparencia al seno de la universidad, esta difícilmente tendrá éxito sin el apoyo de actores que se consideran por "fuera" de la máxima casa de estudios, aunque al final la universidad es de todos, porque con impuestos se sostiene, y tiene que responder a la sociedad.
Es benéfico que actores como Rafael Mendoza, Movimiento Ciudadano o Morena se sumen públicamente a las tareas para desmontar el aparato de control de la UdeC, la autonomía universitaria no se reduce a quién puede opinar o no sobre su vida interna, tampoco a tener una calidad de claustro frente a las fuerzas políticas, de hecho debe estar abierta a ellas pues son parte de la sociedad donde cumple sus funciones.
Como casi todo lo que tenga que ver con asuntos públicos en Colima, lamentablemente siempre terminamos llegando al mismo punto: cómo lidiar con el enquistado poder de grupos del PRI, que son quienes dictan prioridades, establecen valores y le dan rumbo a la institución que dicen representar.
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