El miércoles 10 de septiembre, algunas decenas de campesinos, comuneros, ejidatarios y pobladores de comunidades rurales acompañados por una organización civil, se manifestaron en la capital del estado para exigir un freno a la cesión de tierras y las facilidades gubernamentales para instalar empresas de extracción minera en sus territorios. La lucha va contra un modelo de desarrollo que cruza todo el imaginario, el discurso, las políticas y las alianzas financieras de los gobiernos de los últimos 30 años, y al parecer, de los que vienen. Van algunas notas sobre el pueblo en construcción.
Primero fue Zacualpan, un poblado indígena olvidado en medio de tres montes, sin hospital, con escasos y precarios servicios, con menos de tres mil habitantes condenados a la migración, el ingrato campo o la asistencia gubernamental para subsistir.
Fue Zacualpan el territorio que señaló el futuro y dijo no al despojo de recursos, fue el pueblo que -no sin agitación y acompañamiento- se armó de valor, de leyes y estrategias para hacer saber que sus manantiales de agua sirven a más de 3 mil personas en la urbanizada y modernizada capital del estado de Colima, la cual no le devuelve nada.
A pesar del silencio cómplice de muchos gobernantes, un puñado de ejidatarios y campesinos movieron el foco de la opinión pública y lograron parar -momentáneamente- la instalación de una mina a cielo abierto en su territorio. Los malinformados podrán decir que son personas que se oponen al progreso, pero con justa razón ellos voltean a ver al municipio limítrofe para preguntar ¿de qué progreso estamos hablando?
Apenas a unos kilómetros de Zacualpan está el municipio de Minatitlán, que desde los años setenta abrió sus tierras a la extracción minera y a la fecha es una de las poblaciones más marginadas del estado, a pesar de que es la principal productora de hierro a nivel nacional. Se estima que por cada 3 mil pesos de ganancia, la empresa Peña Colorada paga un centavo la ocupación de tierras.
A esta ofensiva renta se suma la rapiña de recursos naturales y la contaminación que casi siempre termina dejando las tierras inservibles, se acaba con flora y fauna para ofrecer a cambio empleos de mediana calidad y dudosos beneficios. A esto se le llama zonas de sacrificio.
Minatitlán es un pueblo con muchos rezagos y carencias que cuestionan el mito del desarrollo mediante la instalaciones de megaemprendimientos extractivos en comunidades, pues lejos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, este es un modelo mortífero que se impone contaminando agua, aire y tierra, causando enfermedades a los pobladores y despojándolos de sus medios de vida. Esto no es especulación teórica, quien niega la realidad es por desconocimiento o interés mezquino.
Hoy, ejidatarios, comuneros y habitantes de 10 poblaciones afectadas y amenazadas realizaron una jornada de protesta contra la nueva fiebre de la extracción minera. Las denuncias son puntuales: corrupción de autoridades, daños a la salud, operación de sicarios, amenazas, desaparecidos, división de comunidades, pero sobre todo, oídos sordos y complicidad del Estado.
Y es que el capital que impulsa la actividad minera actualmente está ávido de zonas fácilmente sacrificables con el aval de instituciones estatales corrompidas, sobre todo porque en la mayoría de los casos, en sus países está prohibida la extracción bajo los métodos que implementan. Hay resistencias, a veces aisladas como el caso de Félix Monroy, quien perdió a su padre y un hijo a manos de hombres armados y posiblemente enviados por Peña Colorada, empresa que hace años no le da descanso intentando ocupar sus terrenos (http://bit.ly/1A5EskT).
Pero hoy Félix ya no está solo, marchó acompañado de pobladores de Zacualpan, Canoas, el Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Teququistán. La manifestación realizada fue un marcaje personal a las instituciones responsables, a la PROFEPA y la SEMARNAT principalmente, e intentó ser un fuerte llamado de atención al gobierno del Estado, poder que despacha en un edificio adornado de símbolos nacionales y de liberación que contrastan con el pueblo que hay afuera exigiendo ser escuchado.
Afuera de Palacio de Gobierno escucho a un par de campesinos decir que los Ejidos deberían de organizarse para no votar por ningún hijo de la chingada. Nos volteamos a ver y reímos como resignados, sabiendo que su arranque no es una posibilidad descabellada, ¿En qué a cambiado su entorno y su vida después de cada jornada electoral?
Ellos manifiestan la falsedad: cada vez que hay elecciones los candidatos van casa por casa, dan besos y abrazos, regalan despensas, y una vez electos ya no vuelven.
La multitud se manifiesta y exige la presencia del gobernador para hacer sus reclamos y peticiones, y de acuerdo a las buenas formas de la política, un mediador les informa que el gobernador no está, y les pide que formen una comisión para pasar a dialogar con otra comisión: ¿Pos cuándo han armado comisiones para ir a pedirnos el voto? Ahí si van casa por casa, dice un hombre de huaraches de araña y sombrero colimote. ¡Queremos al gobernador! exige ese pueblo momentáneo que ya se cansó de las mediaciones.
Los gritos de la multitud eran contundentes, no queremos diálogo, queremos soluciones, no queremos mediadores ni representantes, queremos hablar con el gobernador -¿Pues qué hace el señor que siempre que venimos no está?, se pregunta una señora entre molesta e irónica.
Pero en medio de todo el ruido, queriendo y no, hubo diálogo. Al menos quienes estábamos cerca del funcionario gubernamental y un par de campesinos y activistas, entre el forcejeo de palabras, fuimos testigos de algunas denuncias puntuales como la violencia en Zacualpan ejercida por familiares del anterior comisario de bienes ejidales, y supuestamente, amparados por el poder. También se destilaron casos de amenazas, de daños a la salud, de la falta de cumplimiento de acuerdos (yo no sabía, pero después de que un grupo de policías antimotines y una tanqueta disolvieran una manifestación hace algunos meses, el secretario general de gobierno se comprometió a mandar psicólogos a la comunidad pues hubo niños afectados después de ser confrontados por la fuerza pública).
Después de promesas olvidadas y puertas cerradas, ¿Se pueden justificar los gritos y el menosprecio a la autoridad? ¿Quién pone las condiciones para dialogar? ¿El gobierno es una separación de ciudadanos demandantes y autoridades con poder de atención?
Y aquí viene la escición, que en este caso consideraría positiva pues el pueblo decide ser base y representarse como fuerza política propia: habrá una próxima reunión de todas las comunidades para discutir un método organizativo propio. ¿Para qué? No creo que pretendan ganar una jornada electoral, pues antes que ocupar una posición de poder imagino pretenden ejercer el que por derecho les corresponde, tampoco creo que se propongan ofrecer el nuevo evangelio de la justicia para todos. Lo más posible es que busquen formas efectivas de ejercer su legítimo derecho a decidir sobre su presente y futuro, pero sobre todo, a reconstruirlos, y esto sin duda será un camino largo y complicado.
Primero fue Zacualpan, después fue Canoas, ahora se suma Minatitlán y siete comunidades más, y a diferencia de élites políticas, los revolucionarios ilustrados y los defensores de las buenas costumbres, ellos tienen un proyecto de vida, tienen territorio, identidad y un modelo contra el cual luchar. Colima va sumándose a una especie de vanguardia "originaria" que tiene dirección y congruencia, más que por ideología y estatutos, por compromiso con el presente y un futuro de desastre por evitar.
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