Planteo de forma simple tres
puntos para contextualizar esto:
1.- Los pobladores de Zacualpan
han estado marginados durante años de la modernización y el desarrollismo aplicados a
Colima, sin embargo son parte de este modelo pues su marginación contribuye a
sostenerlo. Podemos mencionar el abastecimiento de agua, ya que los manantiales
de esta comunidad dotan del vital líquido a la zona conurbada Colima-Villa de
Álvarez, y la comunidad no recibe pago o beneficio alguno por este servicio
ambiental.
2.- No solo es el agua, Zacualpan
ofrece mano de obra a productores del campo y a la industria de la
construcción, muchas mujeres cortan semillas, raíces y frutos que llevan a
vender a los mercados de la ciudad para la alimentación de cientos de familias
y la activación de economías locales. La mano de obra de Zacualpan incluso se
transnacionaliza pues muchos emigran ante la falta de empleo y de este modo
contribuyen a economías foráneas, al mismo tiempo que forman parte de los
indicadores de remesas, una de las fuentes de ingresos más altas de nuestro
país.
3.- Gran parte de la economía de
Zacualpan es prácticamente ajena al modelo que dinamiza las ciudades en Colima,
sus habitantes no tienen ni necesitan grandes centros de consumo y producción,
parece no hacer falta la infraestructura urbana. Pero ello no significa que en
Zacualpan no sea necesario dar cobertura a servicios de educación, de salud, de
comunicaciones o la configuración de espacios públicos.
Esto nos permite ubicar el
significado político que ha tenido el proceso de empoderamiento de un grupo de
pobladores de una comunidad marginada, pero en sintonía con un modelo económico
que al prefigurarse más ambicioso (instalar una mina y volver a zacualpan un
nodo del modelo extractivo), dispuso condiciones para que pobladores salieran
de una ciudadanía pasiva y/o invisibilizada.
Es así que podremos entender cómo
escala el conflicto entre pobladores, actores sociales y actores políticos. Si
momentáneamente dejamos de fuera el “No a la mina”, el problema aquí es de
poder, el poder de ser una comunidad frente el poder de impedirlo en aras de la
“unidad” de un Estado que guarda tras de sí, una compleja trama de relaciones
de dominación.
A diferencia del ejido de Canoas,
donde al parecer el reclamo de No a la mina que elevaron un grupo de pobladores
fue resuelto casi de inmediato y sin problemas, en Zacualpan el proceso ha sido
accidentado, ha dividido a la comunidad y se ha dispuesto ya un escenario de
combate político donde por un lado aparecen quienes dicen No a la mina y
quienes dicen defender la legalidad, la paz y la unidad (y que también pueden
decir No a la mina).
NEGACIÓN POLÍTICA
En uno de los últimos sucesos en
torno al conflicto de Zacualpan (que ya rebasa al solo tema de la mina), un
grupo de pobladores así como integrantes de Bios Iguana marcharon con cacerolas
a palacio de gobierno y a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría
Agraria donde exigieron la renuncia de su titular pues aseguran, tiene interés
en promover la instalación de la mina en su comunidad e interfiere en los
procesos de organización y decisión que competen a su comunidad.
Cuando la delegada salió a
recibir a los manifestantes y darles un mensaje, estos no cesaron de hacer
ruido con cacerolas y gritar consignas, aun así la titular de la dependencia,
con micrófono en mano, les dijo que lamentablemente no eran comuneros, a
excepción de una persona, por lo que no podía atenderlos.
La delegada se sirve de la figura
de comunero para desestimar el valor de la palabra de quienes se manifiestan e
inconforman, parece que solo reconoce como interlocutor a la figura de comunero
pasando por alto el derecho universal de ser sujeto político, negando así la
ciudadanía.
Si se manifiestan cien pobladores
y ninguno es comunero, la demanda no vale.
CRIMINALIZACIÓN DEL ACTIVISMO Y
LA PROTESTA
La autoridad gubernamental (en
este caso la delegada de la PA) ha comenzado a crear fantasmas discursivos y
criminalizar la figura del activismo social, específicamente a la Asociación
Civil “Bios Iguana”, sobre la cual ha lanzado especulaciones, una es que
utilizan a los pobladores para exigirles dinero y vivir de la agitación, otra,
que considero grave, es que dijo que Bios Iguana tiene ciertos sembradíos que
no quieren que ella vaya a ver.
Si leemos entre líneas las
acusaciones para Bios Iguana son claras 1) son vividores de la agitación social
y 2) tienen cultivos ilegales.
Adicionalmente, el mismo actor
político dice que quienes se manifiestan no son gente de zacualpan, o sea, ni
siquiera pobladores. Según la delegada, quienes se organizan son gente de
Michoacán, Chihuahua y Puebla. Probablemente esto venga de la desinformación
pues hace unos días se celebró en Zacualpan un Foro Nacional de Afectados por
la Minería, a donde acudieron personas de distintas partes de la república.
Esta es otra estrategia a la que
se recurre para criminalizar la protesta social y los procesos de organización
de una comunidad, en la que ciertamente participan actores que no son
pobladores de Zacualpan, y que siempre han hecho transparente su presencia.
CONTRA LOS DESAFIANTES
Es entonces, bajo la figura del
“agente externo”, de los agitadores vividores, así como de la ilegalidad y el
interés perverso sobre las tierras, que la delegada justifica sus llamados al
gobierno del Estado y propiamente al poder judicial a actuar. El brazo represor
del Estado se vuelve necesario frente a un escenario de riesgo donde la
ilegalidad y la insurgencia estarían llegando de la mano de Bios Iguana,
organización contra la que la delegada libra una batalla. Su mensaje fue
bastante claro: “si los de Bios Iguana son entrones yo también”.
En su discurso, la delegada se
asume como la protectora de los campesinos, y de hecho deja claro que está
consciente de que una gran mayoría dice No a la mina y respetará su decisión,
esquivando con ello las acusaciones de que ella promueve la instalación de una
empresa minera.
Sin embargo, en su actuar deja
muchas estelas que la oposición puede recoger para configurarla como enemiga de
la comunidad, pues se dedica a obstruir la voluntad popular, la cual no es una
demanda, sino un proceso de empoderamiento, una voluntad en construcción.
Para la delegada, Bios Iguana y
el grupo de pobladores de Zacualpan que se organizan son una amenaza, pues van
a romper una relación de paternalismo, subordinación y dependencia que hay de la
comunidad hacia el gobierno que ella representa.
En la contraparte, el gobierno se
presenta como un agente que actúa para impedir este proceso, por lo que se
convierte en enemigo.
Así es lo político, en los
momentos liminares es oposición binaria, irreductible, pero el problema es que
se diluye en una realidad mucho más compleja.
¿Cuántos pobladores participan en
este combate y de qué forma? ¿En qué medida impactará a la comunidad un proceso
de toma de conciencia de una parte?
Porque bien esto puede tener un impacto
positivo al crear comunidad, mejorar el tejido social, crear opciones
productivas, mejorar el nivel de vida de los pobladores, pero también puede
tener un giro negativo, instalando la división irreconciliable, configurando un
centro de batalla de intereses donde uno de los polos cuenta con la fuerza del
Estado pero no por ello tiene las de ganar.
En Zacualpan hay un proceso donde un grupo de individuos
comienzan a empoderarse, a generar identidad y pertenencia sobre su territorio,
sobre sus recursos, a tomar conciencia sobre el mundo en el que viven y la
posición que ocupan.
Al interior, hay un grueso
poblacional que permanece pasivo, y al exterior las tomas de postura y apoyos
se reducen al si o no a la minería, cuando la solidaridad reclama el apoyo a la
emancipación y la autonomía. Los dispositivos discursivos tienen que moverse
más allá del tema de la minería, de lo contrario, se corre el riesgo de librar
una batalla de trincheras, cosa que es delicada, más no del todo un escenario
despreciable.
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