LO GLOBAL
Actualmente,
la explotación minera es una actividad estratégica para el crecimiento de la
industria dominante en el sistema-mundo. Los minerales se han vuelto de suma
importancia para la industria de la construcción a gran escala, la de las
estructuras urbanas, de los componentes electrónicos, de la industria
armamentística. Todo este complejo de actividades es el que sostiene la actual
planta productiva dominante en el mundo. entre 1900 y el 2000, cuando la
población creció cuatro veces, el consumo de materiales y energía aumentó en
promedio hasta diez veces; el incremento del consumo de biomasa en 3.5 veces,
el de energía en 12 veces, el de metales en 19 veces y el de materiales de
construcción, sobre todo cemento, unas 34 veces.[1]
Este
escenario de aumento del consumo se da en un contexto mundial de relaciones
asimétricas, donde regiones como América Latina se convierten en exportadores
de materia prima barata, y los países ricos exportan materiales con alto valor
agregado pues ellos concentran el negocio de la transformación de recursos o
bienes naturales, actividades como la petroquímica, la metalmecánica, las
tecnologías como telecomunicaciones, electrónica o la robótica.
América
latina es una región que cuenta con altas cantidades de recursos estratégicos,
mientras, países dependientes de estas materias primas como EEUUAA, al no
contar con suficientes reservas de materiales, o al no querer asumir los costos
socioambientales, promueven la actividad extractiva en otros territorios. Es
entonces que se configura la tendencia donde “zonas con reservas importantes de
recursos energéticos (petróleo, gas, carbón), mineros, hídricos o de
biodiversidad, se perfilen cada vez más como estratégicas y conflictivas. La
geopolítización de los recursos alude así, al rol estratégico, crítico e
incluso esencial, que ellos juegan desde una visión del poder de Estado y de
las clases que lo poseen; noción que ha llevado a considerarlos en algunos
casos como una cuestión de seguridad”[2]
EXTRACTIVISMO
La primer
década del siglo xxi ha estado caracterizada por un cierto repunte de las
economías latinoamericanas (exceptuando a México y algunos casos más), sobre
todo en países cuyos gobiernos son identificados con la izquierda política o
administraciones de corte progresista, casos que paradójicamente, ofrecen
un reflejo de las contradicciones de un crecimiento basado en la demanda
mundial de commodities, bienes como el petróleo, los minerales y la producción
agrícola intensiva.
El concepto
de extractivismo trata de dar cuenta de un modelo económico basado en la
apropiación de grandes cantidades de bienes naturales, generalmente bajo
prácticas intensivas y que en su mayoría son material de exportación. En este
cuadro puede mencionarse la agricultura intensiva, la minería, la actividad
forestal y la explotación de hidrocarburos.
El uso
generalizado de agrotóxicos, los desmontes, el despojo de comunidades, la
concentración del usufructo de tierras y la represión contra quienes resisten
estas políticas son un escenario constante del modelo extractivo. El concepto
de acumulación por desposesión bien puede servir para describir los puntos más
conflictivos de este modelo donde hay un despojo al menos en tres
sentidos:
el despojo
de los bienes comunes, el del bien común de buena parte de la población e
incluso de pueblos enteros, y el despojo gradual del futuro de las generaciones
venideras. Justo por ello es que una lectura propia de la ecología política es
útil y necesaria, entendiendo a ésa como el estudio o diagnóstico de la
complejidad de intereses, estructuras de poder y conflictos existentes en torno
a los bienes comunes que figuran como sustento del funcionamiento de la economía
Y es que si
medimos la actividad minera por su capacidad de detonar el desarrollo local y
elevar el bienestar de las comunidades, debemos señalar que no existe un solo
caso de éxito de una empresa minera, pues si bien estas pueden registrar
elevadas cifras de utilidad, y con ello presumir generación de empleos y en
ocasiones atienden casos particulares de las comunidades (supliendo las
funciones del estado), la realidad es que la actividad minera fractura
poblaciones, provoca pérdida de la calidad de vida y vulnera al estado
nacional.
Contrario al
discurso que promueve estas políticas, los beneficiarios son las grandes
cooporaciones trasnacionales y no las naciones, mucho menos los territorios
que se convierten en zonas sacrificables. Los pueblos indígenas, los
campesinos, los pequeños productores y la población en general son quienes
asumen los costos ambientales, económicos y de salud.
No es
casualidad que en la región el aumento de los conflictos políticos y sociales
se esté dando mayormente a partir de la oposición a mega- proyectos
extractivos, sobre todo mineros, y con mayor énfasis en territorios con
presencia indígena.
LA MINERÍA
Hay que
distinguir entre la minería tradicional y la moderna, específicamente las
dinámicas e implicaciones de la segunda, pues es en esta donde se centra
el actual debate y se producen los conflictos en muchas regiones del mundo.
Si actualmente encontramos una oposición a determinados proyectos
mineros, esto poco tiene que ver con la roca para cemento, la arena para la
construcción o la sal de mesa; la oposición social y política a la minería
tiene su enclave en características tecnológicas y económicas específicas: la
minería transnacional a gran escala.
Baja ley de
los minerales (menor pureza), alta tecnología y gran escala extractiva, han
sido en los últimos años un coctel con desastrosos impactos ambientales,
sociales y económico en las formas de vida local y las comunidades
involucradas.
Y es que
solo de esta forma, podemos entender que la extracción de un gramo de oro por
cada tonelada de material removido sea rentable.
Al ser esta
una actividad económica transnacional, las utilidades económicas ni siquiera
quedan en el país, pero los altos costos son pagados por la población. La
industria minera es un ejemplo de neocolonialismo.
Las fases
extractivas del proceso minero –las de mayor impacto ambiental negativo y de
menor generación de empleos, desarrollo tecnológico y generación y retención de
valor agregado- se concentran en unos países, los países dependientes; mientras
que el procesamiento, Industrialización y consumo final de estos metales se
concentra en los países más poderosos.[3]
El pequeño
núcleo de empresas transnacionales con capacidad de realizar las tareas
extractivas tienen el poder de fijar y regular precios, especulando en el
mercado comercial y financiero, tienen poder frente a gobiernos y poblaciones
por lo que pueden determinar legislaciones y poner a su favor regímenes
tributarios y de propiedad, evadiendo controles y normas. La capacidad de
presión de estas empresas es enorme y siempre están marcadas por violaciones a
derechos humanos, corrupción, abusos de todo tipo.
La promoción
de la actividad minera, así como del desarrollismo y el extractivismo está
cimentada en falsos discursos donde se sigue promoviendo estos proyectos como
detonadores del desarrollo, generadores de empleo y de crecimiento económico,
siendo en realidad nuevas formas de saqueo colonial que no representan
beneficio real para las poblaciones y los estados.
Por ejemplo
en México, mientras la actividad de oro ha subido, de 36 toneladas en 2006 a 80
toneladas en 2010, la participación de la actividad minera en el PIB nacional
es limitada y de hecho ha ido a la baja, en 1983 representaba el 1.63% del PIB
mientras en 2008 el registro es de 1.1%. En cuanto al empleo, la actividad
minera ronda los 270 mil trabajadores, esto es, alrededor del 0,2% de la
población nacional y menos del 0,1% de la población económicamente activa
ZACUALPAN:
PARTICULARIDADES POLÍTICAS
Este
escenario opera sobre Zacualpan, con su correlato (o pre-relato) en
Minantitlán, en las afectaciones de salud que sufren pobladores de este
municipio en Colima, que llegó a ser el primer productor de pelets a nivel
nacional y al mismo tiempo el municipio más pobre. En el Stand de la Feria de
Todos Santos uno no podía distinguir si visitaba un municipio o una empresa.
Peña
Colorada prácticamente se ha apoderado de este territorio, con casos
documentados de enfermedadwa y contaminación que son ignorados deliberadamente
por la autoridad. En las poblaciones donde esta empresa está asentada no
encontramos un aumento cualitativo de bienestar de vida y desarrollo, y las
pruebas están a la vista de todos.
Esta
megaempresa organiza jornadas de salud, repara infraestructura urbana, ofrece
becas para estudiantes y hasta es una de las financiadoras de los premios a la
excelencia académica en la Universidad de Colima. El consenso es fácil de
comprar, para quien tiene los medios y las condiciones.
En un
escenario mundial donde las dinámicas de poder son desterritorializadas y
móviles, encontramos que los corporativos trasnacionales se dedican a recorrer
países para detectar zonas de explotación y apropiarse de ellas. La misma
empresa que ayer inauguró un proyecto en Argentina hoy puede estar promoviendo
la instalación de una mina a cielo abierto en Zacualpan, Colima, y mañana
estará en Bolivia.
Estas
corporaciones están llenas de escudos y mediadores, por lo que al menos hasta
ahora en Colima se desconoce quiénes están detrás del proyecto en Zacualpan,
solo se sabe el nombre del empresario que promueve el emprendimiento, quien ha
visitado la comunidad para esgrimir argumentos supuestamente convincentes,
dinero, y en ocasiones movilizar la intimidación a través del presidente
comunal o el comisario ejidal, quienes declaradamente están a favor de la
instalación de la empresa.
Es entonces
que podemos calificar de hipócritas o idiotas las declaraciones de personas que
salen a denunciar que una asociación civil ha llegado "de afuera"
para dividir la población y trastocar la vida de la comunidad para promover la
violencia.
¿Existen
comunidades cerradas, impermeables, que no tienen ningún contacto con la
sociedad?
¿Los agentes
económicos transnacionales pueden elegir territorios de explotación en países
que ni siquiera viven, pero un agente social, una ciudadanía organizada no
puede informar a sus pares sociales sobre riesgos y derechos?
¿Es
violencia denunciar corrupción y hablarle de frente al poder político pero no
la compra de conciencias y el desprecio de pobladores?
Hasta hace
un par de semanas, pocos sabíamos de la importancia de Zacualpan para una zona
conurbada que concentra una gran parte de la población del estado, y la cual
recibe de esta comunidad un valiosísimo servicio: el agua de sus manantiales.
Por las
características y casos excesivamente documentados en el mundo de la minería a
cielo abierto, esta actividad estaría poniendo en riesgo a miles de ciudadanos,
contaminando el agua que bebemos todos.
Pero el
interés general también se refleja en la propia comunidad, en el estado de
derecho y en una vida democrática que en teoría los gobiernos promueven, la
cual contrasta con la realidad pues hasta el momento, los actores políticos se
han mostrado tímidos, incluso en algunos casos, represores.
La comunidad
de Zacualpan ha podido actuar a tiempo pues apenas se comenzaron a correr los
trámites para buscar instalar en su territorio una mina, con la ayuda de la
asociación civil Bios Iguana los pobladores han conocido el proyecto y sus
riesgos, se han enterado de sus derechos y han elegido organizarse y luchar.
En todo caso
hay dos agentes “externos”, uno económico que compra conciencias, que presiona
gobiernos y tuerce leyes para instalar un emprendimiento que le generará
cuantiosas cantidades de dinero, pero que no lo conocemos, que aparece a través
de sus mediaciones. Otro agente es social, quien conociendo al enemigo (o el
escenario de amenazas) se hace presente, agita y ayuda a preparar la
resistencia con conocimientos técnicos, jurídicos y políticos.
El problema
se ha visibilizado, muchos actores políticos han tenido que someterse a la
dinámica y posicionarse públicamente en favor de la comunidad y en contra de la
mina, la sensatez se ha visto en muchos casos, sobre todo en los representantes
populares y funcionarios públicos más directos (presidencia municipal,
diputados), aunque los posicionamientos aun son tibios o se limitan al tema de
la mina, pues dificilmente encontraremos aquí una autoridad apoyando un proceso
de construcción política autónoma.
En otras
dimensiones, específicamente en el gobierno del Estado, la sensatez no aparece
pues no hay postura, solo retóricas que dan vuelta y ocultan el problema, que
no reconocen a los actores y que aparentemente llaman a la paz, cuando en
realidad lo que se busca es despolitizar el problema, destrabar lo pactado,
desactivar la oposición.
Hasta hace
pocas semanas, muchos de los pobladores de Zacualpan que hoy asisten a
asambleas y talleres, tenían un escaso conocimiento de sus derechos como pueblo
indígena y como ciudadanos, era casi inexistente una cultura democrática y una
identificación comunitaria. En un par de semanas todo esto ha cambiado.
Ahora los
pobladores organizados en el Comité Indígena para la Defensa del Territorio de
Zacualpan reivindican su identidad, se dicen herederos y propietarios de una
tierra, de una tradición, de una serie de identificaciones. Un inminente
riesgo, la acumulación de olvidos y la intervención de agentes sociopolíticos
han activado todo un proceso de construcción de poder popular, de
empoderamiento comunitario.
La comunidad
a la que refieren los actores políticos, específicamente los que denuncian la
injerencia de “externos” no existe, esa es una mera referencia que sirve
para anular la política, para invalidar la participación de los otros, pero
incluso, para negar a la comunidad misma pues la referencia es para fortalecer
una autoridad sin control ni relación democrática.
Pero ahora
emerge otra comunidad, una que se enuncia por sí misma y no es referencia para
justificar un poder unipersonal, incluso es una comunidad que cuestiona y
pretende transformar ese poder, hacerlo real, eficiente, representativo, un
proyecto político propio y no la aceptación sumisa de una realidad
naturalizada.
El riesgo es
caer en la misma dinámica excluyente, en la anulación del otro. Todo proceso de
empoderamiento encarna este riesgo y es asumible, pero no por ello siempre será
justificable negar la interlocución, descalificar a lo bruto o invalidar
apoyos. Estos riesgos pueden verse en actitudes fundamentalistas anti-estado,
en decir que la política es mala por sí misma, en delimitar el ustedes los
occidentales invasores contra nosotros los originarios victimizados.
Las
dicotomías y las oposiciones son necesarias para organizarse, para defender y
avanzar, pero su sustancialización casi siempre conlleva el riesgo de la
comunidad como referencia para sostener una posición de poder fundada en sí
misma, alimentando el círculo autoritario y abonando nada a procesos de
construcción más amplio, a la sombra de la emancipación, de la expansión de
posibilidades.
[1] Extractivismo,
fronteras ecológicas y la geopolítica de los recursos en América Latina. Gian Carlo Delgado Ramos
[2]
Ibid
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