¿Cómo podríamos evaluar a nuestros representantes populares?
Se supone que un legislador debe proponer iniciativas de ley, puntos de acuerdo
y debatir en tribuna, aquí tendríamos al menos tres indicadores para
preguntarnos por la calidad del trabajo de nuestros diputados locales. Pues
bien, en la actual legislatura estatal hay representantes que no destacan en
nada, por ejemplo, Esteban Meneses y Martín Flores no presentaron ni una
iniciativa ni un solo punto de acuerdo durante todo el primer periodo ordinario
de sesiones, por su parte, Yulenny Cortés es quien más faltas registra y está
en la lista de quienes menos propuestas ha presentado a la legislatura.
Respecto a los representantes federales (diputados y
senadores) más de la mitad jamás se han subido a debatir a la tribuna, y hay
quienes, como Arnoldo Ochoa, no registran ni un debate, ni una propuesta de ley
o un punto de acuerdo presentado.
Con estas referencias podríamos decir que estos
representantes no trabajan o trabajan muy poco, podríamos exigir multas,
castigos o remociones y por el contrario, podríamos aplaudir y premiar el
trabajo de quienes si han destacado. Pero esto sería medianamente injusto pues
no tomaríamos en cuenta muchos factores que los expertos en trabajo
político-legislativo nos señalarían, como es el hecho de que hay muchas
iniciativas que si bien son presentadas por un(a) legislador(a), muchas veces
los trabajos de elaboración y consenso corrieron a cargo de otros tantos y sus
nombres no se registran siempre a la hora de hacer la presentación en el pleno.
Por otra parte, si hiciéramos un análisis de las iniciativas que se presentan,
estas pueden ser tan relevantes como una ley para tipificar el feminicido como
delito penal, o bien, de menor trascendencia como el hecho de proponer la
adición de alguna leyenda en los oficios expedidos por la administración
pública estatal. Hay de propuestas a propuestas y a veces es mejor no presentar
ninguna que tener 30 en el banco de datos.
Volviendo al caso del congreso local, bien podríamos pensar
también en algún tipo de evaluación ciudadana, algo aún más complejo y ambigüo
por la diversidad de interpretaciones e intereses. Pero podemos tomar un
ejemplo en materia de transparencia, mostrando los propios datos recolectados
por el sitio web del congreso a partir de la opinión de quienes solicitaron
algún tipo de información:
Y si nos pasamos al ámbito de la práctica gubernamental las
cosas no andan tan bien, pues pese a los galardones y avances que se anuncian,
la transparencia en nuestro estado es un problema que ya ha estallado en la
estructura de la administración pública, recientemente el alcalde de Comala
denunció que su municipio perdió 5 millones de pesos porque estaban
previstos para que se ejercieran en el año 2012, sin embargo, “en virtud de que
el Gobierno del Estado no aclaró el uso de los recursos, el Ayuntamiento de
Comala, no recibió su premio”.
En un estudio que
realiza Transparencia mexicana sobre los procesos de adquisición de bienes y
servicios que realizan los gobiernos estatales, Colima tiene niveles muy
deficientes de transparencia y eficacia pues la ley no obliga a las
dependencias a evaluar la viabilidad del cumplimiento de sus metas y objetivos,
se permite realizar adjudicaciones directas de compras con el argumento de
“evitar costos adicionales” y las prácticas de colusión no están previstas en
la ley.
Pese a lo que se presuma, Colima aun es un estado opaco y
poco se va a avanzar montando espectaculares y apapachando a los servidores
públicos. No contamos con una ley de evaluación de la administración pública ni
con indicadores de desempeño de funcionarios y dependencias para poder ser
sometidos a control externo, independiente y ciudadano; peor aún, por lo
regular se gastan miles y millones de pesos en evaluar el cumplimiento de metas
que jamás se ponen a reflexión, es decir, si el objetivo es construir 10
carreteras y se cumple, entonces se evalúa con éxito el ejercicio
gubernamental, no importando si el asfalto fue de buena calidad, cuántas áreas
verdes se destruyeron, cuánto impacto recibió el suelo y las áreas aledañas ni
cuantos problemas ocasionó durante su construcción: ahí tenemos como ejemplo el
interminable tercer anillo periférico.
Si nos pusiéramos a evaluar a nuestros gobernantes es muy
probable que tanto actores como procesos salieran reprobados, sin embargo, hay
que aceptar lo complejo que es calcular el éxito, la calidad o eficacia sobre
todo si no tenemos la participación de los involucrados y su conocimiento del
contexto de trabajo, si no incorporamos múltiples variables y las sometemos a
análisis rigurosos pero sin dejar de preguntarnos en función de qué. Esto es lo
que subyace al enorme rechazo de la evaluación magisterial recién aprobada por
los poderes federales, y avalada aquí, por un montón de funcionarios y
representantes que lejos están de ser expertos en educación, más lejos aún de
ser inteligentes para realizar mediciones de trabajo, y que muy seguramente,
serían los primeros en ser despedidos por ineficientes.
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