El primer punto de la asamblea convocada por el Frente Popular Todos Por Manzanillo es hacer un pase de lista a las autoridades invitadas a la discusión pública (verificar la asistencia de las autoridades o algún representante)
¿El presidente Enrique Peña Nieto? -No vino
¿La secretaría de Gobernación? -No vino nadie
¿Diputados federales? -No les importamos
¿Diputados locales? -No les importamos
¿Presidente municipal? -No está, no le importamos
¿Regidores? - ¡Nada más vino uno!
Cada nombre era contestado con una rechifla, una negativa y un grito de "no les importamos".
Imagen de Angel Guardian
Hoy, este grupo de ciudadanos ha bloqueado el paso del tren que transporta mercancía fuera del puerto de Manzanillo, lo que seguramente afectará actividades comerciales de interés nacional y privado, mismas que pueden llegar a registrar hasta 40mil millones de pesos de ganancia a las arcas federales, de ahí que cueste trabajo que se regateé una inversión de 2mil millones de pesos para resolver un problema que desde hace años viene arrastrando la población de este municipio.
Pasando sobre la autonomía municipal y violando leyes y reglamentos, la SCT comenzó la construcción del "Túnel ferroviario", un proyecto que resuelve parcialmente el problema de tráfico vehicular que genera el paso del tren por el centro de la ciudad dejando intactos -e incluso aumentando- problemas de ruido, calidad de la educación, aspecto estético, vibraciones, accidentes, tráfico intenso, calidad de vida. Una solución a corto plazo y que no resuelve el problema de fondo.
La ciudadanía organizada, la iniciativa privada y ámbitos municipales de planeación ha desarrollado propuestas para sacar el tren de la ciudad, y de acuerdo a un estudio realizado por expertos, de las 5 propuestas existentes la peor de todas es la de la SCT, misma que las autoridades federales y estatales se obstinan en realizar ante el silencio de representantes populares y el mismo presidente municipal, quien de pronto dejó de participar en las protestas legítimas de los ciudadanos organizados.
Los argumentos son que el proyecto del túnel es más barato, que ya está aprobado y presupuestado y no se puede dar marcha atrás. En este conflicto que se ha configurado entre el municipio y la federación el gobierno estatal ha entrado para desactivar problemas y permitir que continúe la construcción ilícita y casi impuesta del proyecto.
La soberanía, la participación ciudadana, la planeación y la sustentabilidad son meros conceptos de discurso, porque ahora en la práctica, el Estado demuestra que actúa bajo criterios meramente técnicos y económicos, imponiendo una razón que funda en su autoridad, lo que lo convierte en autoritario. La democracia se regatea, el federalismo es un montaje y la representación ciudadana parece ser una simple artimaña de usos múltiples al interés de quienes determinan la función del poder político.
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